Ex funcionarios malgastaron dinero de alimentos del hospital Unanue
Por apropiarse de más de 134 mil nuevos soles fueron denunciados por peculado doloso, inhabilitados en sus profesiones y sentenciados a tres años de pena privativa de la libertad.
Por Redacción Vistaprevia
Durante dos años un grupo de ex funcionarios del hospital regional Hipólito Unanue malgastó presupuestos que eran destinados a la compra de alimentos para los pacientes. Estos ex trabajadores fueron hallados culpables por el delito de peculado doloso y sentenciados el pasado 1 de octubre, por la Corte Superior de Justicia de Tacna (CSJT), a tres años de pena privativa de la libertad. Los sentenciados tampoco podrán ejercer sus profesiones durante tres años y deberán estar sujetos a reglas de conducta.
Fueron en total 14 personas las denunciadas (entre ex funcionarios y trabajadores) por el Ministerio Público, de las cuales solo a tres se les halló responsabilidad. Ellos son Juan Calizaya Merino, Reynaldo Salas Coronado y Herbert Aroste Villa, quienes asumiendo funciones de directores de las oficinas de Planeamiento, Administración y Tesorería, respectivamente, durante el 2005 y el 2006, destinaron en total S/.134 mil 250 a un supuesto servicio de formulación y elaboración del presupuesto participativo que jamás se realizó.
PAGOS SIN AUTORIZACIÓN
Fueron entre 59 a 65 personas las que se beneficiaron con pagos por, supuestamente, haber formulado dicho presupuesto. Para cometer su propósito, Calizaya Merino, Salas Coronado y Aroste Villa se respaldaron en la Directiva N° 003-2005, OPE-HHU/, en la cual se establecían incentivos al personal que realiza funciones de apoyo administrativo. Esta directiva señalaba que podía pagarse hasta 15 nuevos soles diarios a los trabajadores que se sumaran a labores extraordinarias. La referida directiva había sido aprobada recién en febrero de 2006; sin embargo, los pagos se efectuaron desde el 2005, es decir que no estuvieron autorizados.
La Fiscalía halló, además, que los pagos excedieron los 15 nuevos soles, llegando hasta los 90 nuevos soles diarios. Otro punto que agudiza esta situación es la Ley N°28056, que sostiene que el presupuesto participativo no debe demandar recursos adicionales al tesoro público. Aún así, Calizaya Merino, Salas Coronado y Aroste Villa abusaron de su poder para llevar adelante su objetivo.
NO HUBO FORMULACIÓN
De otro lado, un informe realizado por el Órgano de Control Institucional (OCI) del hospital Unanue refiere que nunca se ubicaron informes o documentos que evidenciaran la formulación de dicho presupuesto participativo. El OCI tampoco halló documentación que certificara el requerimiento de personal para el referido proceso y mucho menos registros formales de ingreso y salida del personal supuestamente encargado de formular el presupuesto participativo.
Calizaya, Salas y Aroste fueron los más beneficiados con su actuar. Las autoridades judiciales descubrieron, por ejemplo, que el 26 de marzo de 2006, los acusados recibieron en sus cuentas de ahorro sumas de dinero de entre S/. 3 mil 80 a S/. 700, mientras que el resto de los trabajadores percibía S/. 90 a S/. 350. A Salas incluso se le pagó cuando estuvo de vacaciones.
Los tres acusados percibían montos superiores a los demás funcionarios y servidores, lo que comprueba, para la CSJT, su plena participación en el hecho delictivo. “Se evidencia la conducta dolosa de los acusados y consumación del delito con la apropiación del dinero para sí mismos y para terceros (otros servidores) y el perjuicio económico del Estado)”, señala la sentencia de la Sala Penal Transitoria Liquidadora de la CSJT, integrada por los magistrados Escarleth Laura Escalante, Pedro Limache Ninaja y Juan Carlos Quillaos Sánchez.
En este caso muchos trataron de eludir responsabilidades. Así, por ejemplo, el jefe de personal de aquel entonces, Adán Paredes Huanca, quien también recibía dinero a su cuenta por “formular el presupuesto participativo” declaró ante las autoridades judiciales que ignoraba el por qué fue beneficiado con pagos irregulares entre enero y junio de 2006. Según Paredes, él creía que se trataba de un aumento económico por responsabilidad de jefatura.
Otro que fue beneficiado, pero que denunció el hecho fue el ex jefe del OCI, Carlos Gonzáles Astete, quien apenas se dio cuenta de lo que sucedía empezó a investigar y elaboró un informe especial sobre el cual la Fiscalía inició las investigaciones penales.
Según la Sala Penal Transitoria Liquidadora, los acusados Salas y Aroste se apropiaron de los caudales del Estado, sobre los cuales tenían el deber de administrarlos con responsabilidad. Ambos, por los cargos que ostentaban, autorizaron los pagos irregulares, por lo que fueron hallados autores del delito de peculado. En el caso de Calisaya, su participación fue acreditada como cómplice primario. En audiencia pública los tres acusados reconocieron que pudieron haber actuado de otra manera, pero que nunca lo hicieron.
DATO
Los sentenciados deberán pagar 140 mil nuevos soles como reparación civil a favor del hospital Hipólito Unanue.
