lunes, 13 de agosto de 2012
Un decreto supremo a favor de los invasores
FISCALÍA DE PREVENCIÓN DEL DELITO REMITE OFICIOS A TODAS LAS ENTIDADES PÚBLICAS A FIN DE QUE SE TOMEN ACCIONES RESPECTO AL DECRETO SUPREMO 013-2012 DE VIVIENDA QUE PERMITE LA VENTA DIRECTA DE TERRENOS CON ACTIVIDAD POSESORIA AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2010
Por Sandy Poma Chata
No todas las leyes se hacen para el bienestar de los ciudadanos, hay otras que transgreden la misma normatividad, como la Constitución Política del Perú. Eso es lo que estaría pasando con el Decreto Supremo N° 013-2012 emitido por el Ministerio de Vivienda, cuyos más de 10 artículos fueron modificados, uno de ellos en desmedro de la tranquilidad social.
Nos referimos al artículo 77, a través del cual ahora en adelante permitirá la compraventa directa de bienes de dominio privado a favor de particulares que demuestren una actividad posesoria de un área por un tiempo mayor a los cinco años cumplidos al 25 de noviembre de 2010. Hasta hace poco la limitación se daba hasta el 12 de abril de 2006; por lo que a partir de esta fecha ningún invasor podía intentar registrar un bien como suyo, pero ahora hay más oportunidades para hacerlo.
FISCALÍA EMITE PRONUNCIAMIENTO
El cambio del artículo en mención ha sido motivo para que la Fiscalía de Prevención del Delito emita un pronunciamiento y análisis a través de sendos oficios que fueron remitidos a inicios de julio a todas las instituciones públicas, entre ellas el Gobierno Regional de Tacna y el Colegio de Ingenieros, a fin de que se tomen acciones al respecto.
En el documento, el fiscal titular de Prevención del Delito, Rodolfo de Amat Loza, manifiesta una profunda preocupación por la modificación del artículo 77 que –según se lee en el oficio dirigido a las autoridades tacneñas– no haría más que permitir la compraventa de predios del Estado a favor de invasores de terrenos, contraviniendo así la labor preventiva que realiza el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú en contra de los traficantes de lotes.
“La invasión de terrenos eriazos no se encuentra tipificada como delito, no por ello, esta conducta deja de ser ilícita, lo es, porque sin respetar los mecanismos legales unos cuantos pretenden apropiarse de predios del Estado valiéndose de mafias y mecanismos ilícitos, así, usando la fachada de asociaciones de vivienda ocupan unilateralmente diversos predios estatales dirigidos por sus presidentes, quienes efectúan cobros de dinero a cambio de otorgar a futuro el dominio de lo que no les pertenece”, sostiene De Amat en el oficio mediante el cual busca hacer reaccionar a las autoridades competentes.
DIVERSAS DENUNCIAS
El magistrado no deja de tener razón en lo argumentado. El Ministerio Público tiene en su haber diversas denuncias por tráfico de terrenos y apropiación ilícita que aún no han sido resueltas. La invasión y el negocio de los terrenos sigue siendo un problema latente en Tacna. A inicios de este año, por ejemplo, aparecieron unos recibos que revelaban cómo algunos seudodirigentes cobraban entre 800 a mil 600 nuevos soles por concepto de "ingreso a asociación" en terrenos aledaños al aeropuerto Carlos Ciriani. No solo eso, estas personas tenían el descaro de cobrar hasta por instalación ilegal y consumo de los servicios de agua y luz. La Fiscalía no ha descartado que detrás del tráfico de terrenos se encuentren autoridades que hoy ostentan el cargo gracias a votos obtenidos por los invasores.
Detrás de las invasiones no siempre hay personas humildes que necesitan de una vivienda. Y ello queda comprobado tras los operativos que ha realizado Prevención del Delito en terrenos posesionados ilegalmente donde en muchas ocasiones solo se han encontrado esteras y palos, más no a personas habitando. “De la experiencia fiscal preventiva se puede establecer que las invasiones, en su mayor parte, son ocupaciones ficticias, promovidas por los dirigentes de asociaciones de vivienda que a la larga ejercen el dominio de los predios invadidos a su libre albedrío, y sin ningún tipo de control y que conllevan al tráfico de los predios públicos con el consiguiente enriquecimiento indebido de los involucrados (presidentes de asociaciones de vivienda, dirigentes, autoridades públicas corruptas, etcétera)”, dice De Amat.
Esta situación ha generado, a entender del fiscal De Amat, un crecimiento caótico urbano en la ciudad. De Amat precisa finalmente que el artículo 77 estaría transgrediendo los artículos 2, 70 y 103 de la Constitución Política del Perú, puesto que sus efectos beneficiarían a quienes de forma ilegítima se posesionan de predios públicos, discriminándose al resto de ciudadanos; además porque se estaría quebrantado el derecho a la propiedad en armonía.
Tacna con más marcas registradas
EL JEFE DEL INDECOPI, MARCO LIPA PORTUGAL, EXPRESÓ SU BIENESTAR AL INFORMAR QUE LAS MARCAS REGISTRADAS EN TACNA SE INCREMENTARON EN UN 50%. ELLO REFLEJARÍA QUE EL MOVIMIENTO ECONÓMICO-PRODUCTIVO EN TACNA VA A PASO FIRME Y QUE EL EMPRESARIADO LOCAL TOMA CONSCIENCIA DE LA IMPORTANCIA DE REGISTRAR LEGALMENTE SUS MARCAS.
Por Rogger Avendaño Cárdenas
Desde agosto del año pasado, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) realizó una perseverante campaña para incentivar el registro de las marcas de los productos por parte de los productores.
“Desde agosto del año 2011 realizamos una campaña para incentivar al registro de marcas en Tacna, para que puedan proteger sus productos o servicios. Y, según las cifras, si comparamos el primer semestre del año pasado con el de este año, 2012, tenemos que hay un 50% más de marcas registradas en la región. En números, son más de 100 empresas que registraron su marca en este primer semestre”, destacó Marco Lipa Portugal, que aplaudió la decisión de los empresarios por tomar conciencia de registrar sus marcas para comercializar sus productos, a fin de ser reconocidos rápidamente por sus compradores.
El registrar una marca es darle una identidad propia al producto/servicio, acariciar la posibilidad de posicionarlo y estar amparado por las leyes del INDECOPI, en caso de aparecer productos falsificados que tomen irregularmente el nombre de la marca registrada.
“Lograrían un mayor incremento de productividad, gracias a la marca registrada, así se gana mayor presencia y diferenciación en el mercado de hoy en día que es tan competitivo. Tacna continúa creciendo económicamente” agregó el funcionario.
Este alto crecimiento se debe fundamentalmente a la categoría de productos, en la que destacan los juguetes y las prendas de vestir, cuya circulación es a nivel local e incluso son exportados.
Registrar una marca cuesta aproximadamente 583 nuevos soles, costo único asumido por el lapso de 10 años, en los que el empresario no volverá a efectuar algún pago adicional. Pasado este tiempo, puede realizarse la renovación de la marca de acuerdo al precio actualizado. El tiempo que duraría el proceso referido es de 4 meses.
FALLA EN EL BCP
El 3 de agosto, se reportó una falla en el sistema del Banco de Crédito del Perú por el que se descontó dinero indebidamente a algunos clientes. En consecuencia, el INDECOPI, desde Lima, creó un padrón para que los clientes afectados presenten sus reclamos y así el banco devuelva la totalidad del dinero injustamente movido, incluyendo la tasa del I.T.F. (Impuesto a las Transacciones Financieras).
“Por eso, el INDECOPI, a través de sus 27 oficinas a nivel nacional dispuso el padrón para que los consumidores que se sientan afectadas por este supuesto error informático del BCP puedan reclamar”, expresó Marco Lipa.
En caso de considerarse alguien afectado por el error sistemático del BCP, puede escribir al e mail sacreclamo@indecopi.gob.pe o llamar al 244-7777, para sentar su reclamo si se presentase el problema o persistir el mismo. Igualmente, puede acudir a las instalaciones del INDECOPI en Tacna para informarse ampliamente.
CUIDADO CON LO QUE COMPRA
A vísperas de Fiestas de Tacna, se lucirán a la venta productos de diversa índole en los lugares de concentración pública, sean prendas de vestir, comida, licorería, además de otros. En tanto, el abogado Marco Lipa instó a las personas a tomar medidas de precaución cuando realicen compras.
Expresó: “Recomiendo adquirir productos en establecimientos formales, ya que así podrían tener productos de mejor calidad o, en caso de tener problemas con productos falsos o vencidos, o reclamos de otra naturaleza, podrían acudir a INDECOPI, con el comprobante de pago, sea boleta o factura. Así se puede identificar al proveedor y actuar al respecto”.
Ante cualquier consulta, en Tacna pueden acudir hasta la oficina de INDECOPI, en la avenida Bolognesi 91-93, de lunes a viernes, de 08:30 a 16:30 horas. O llamar al teléfono (052) 427938.
Cesantes y jubilados denuncian penalmente a cinco funcionarios de la MPT
Los pensionistas agotaron las vías para que se les pague el aguinaldo por Fiestas Patrias y la gratificación por navidad de 2011.
Por Erika Poma Cotrado
Mario Poma Mamani, en su calidad de Secretario de Defensa y Asuntos Legales de la asociación de Cesantes, Jubilados y Montepío de la Municipalidad Provincial de Tacna (ASEJUM MPT), denunció a los funcionarios de la comuna por los delitos de abuso de autoridad y peculado, luego que vieran agotadas las vías para lograr que se haga efectivo el pago correspondiente al aguinaldo por Fiestas Patrias de 2012 y la gratificación por navidad de 2011. Además de ello, acusan a los empleados de confianza del alcalde Fidel Carita de ignorar las resoluciones que autorizan la devolución del dinero retenido injustamente a dos de sus asociados.
LA DENUNCIA
Ya en las últimas semanas del mes de julio, los 56 integrantes de ASEJUM MPT protestaron públicamente en las instalaciones de la comuna, exigiendo el pago que se les adeudaba, y que según ellos ascendía al total bruto de una pensión mensual que perciben de acuerdo a ley.
En ese momento se conoció que, amparado en el Decreto Supremo Nro. 106-2012-EF referido al aguinaldo por Fiestas Patrias 2012, los funcionarios les informaron que el importe a pagarle al sector público era de S/. 300.00 nuevos soles, hecho que disgusto a los cesantes y jubilados que aseguran no estar inmersos en el mencionado decreto y, por ende, tener otro “trato legal”.
Y es que tras aprobarse la resolución gerencial Nro.177-96/ONP-GG y la directiva Nro.001-96/ONP-GG, se establecieron los criterios para el cálculo de la pensión mensual de los pensionistas del DL 20530, régimen al que pertenecen, en el cual se dispuso que el pago por remuneración mensual, aguinaldo, gratificaciones, vacaciones, día de Tacna y día del trabajador municipal sean juntados y prorrateados en 14 mensualidades. De allí que se les fue pagando doce mensualidades pensionables además de un aguinaldo por fiestas patrias y una gratificación por navidad.
Sin embargo, esto estaría siendo desconocido o malinterpretado –según los denunciantes– por los trabajadores ediles que ingresaron al municipio asumiendo un “cargo de confianza” dispuesto por el alcalde Fidel Carita Monroy.
Se trata de Ela Maldonado Romero, gerenta municipal; Álvaro Zacarías Valderrama, asesor jurídico; Ramón Laura Flores, gerente de administración; Lizardo Pérez Guzmán, subgerente de capital humano; así como Sonia Huere de Arenas, gerente de planificación, presupuesto y racionalización.
Asimismo, de acuerdo al documento presentado por Poma Mamani, todos ellos vienen demorando injustificadamente el continuo proceso de los más de 40 expedientes presentados por la ASEJUM MPT que comprenden, entre otros conceptos, el pago por bonificaciones, aguinaldo, gratificaciones, subsidios por fallecimiento, pensiones por montepío, reintegros, etc.
Además sostiene que dichos trabajadores manifiestan que la municipalidad “no está a cargo de los pensionistas, sino el Estado” y por ello han sido maltratados psicológicamente y amenazados verbalmente, con advertencias como que se les van a reducir la pensión mensual y otros derechos legalmente adquiridos de continuar protestando.
En la denuncia presentada ante el Ministerio Público la primera semana de agosto, se incluye también a los ex funcionarios María Ubalda Ale Calizaya y Alejandro Valdivia Gutiérrez, a quienes se les acusa de abusar de sus atribuciones y ordenar el descuento ilegal contra los pensionistas Luis Oswaldo Ríos Ramos y Rosa Ascuña López.
LETRA MUERTA
El dirigente del ASEJUM MPT señala que en el año 2009, los ex funcionarios denunciados descontaron del subsidio por fallecimiento de familiares un total de S/. 904.40 a Luis Oswaldo Ríos Ramos y S/. 627.99 a Rosa Ascuña López alegando un pago solicitado por la Sunat por concepto de retención del impuesto a la renta de quinta categoría.
Sin embargo, esta retención fue considerada indebida por los nuevos funcionarios que asumieron la subgerencia de capital humano con el actual gobierno y, mediante resolución de gerencia municipal Nro. 401 del 12 de diciembre de 2011, se dispuso la devolución del monto descontado.
Lo mismo se dispuso en la resolución de gerencia municipal Nro.119 de fecha 16 de marzo de 2012 firmado por la gerenta Ela Maldonado Romero, quien también autorizó la entrega del dinero retenido.
Y aunque existen los papeles que le dan la razón al menos a un pensionista afectado, a la fecha no se ha cumplido con la devolución.
UN PAGO MUY CONVENIENTE
El secretario de defensa y asuntos legales de la asociación de Cesantes, Jubilados y Montepío de la MPT, Mario Poma Mamani, también refiere que la municipalidad cuenta con los fondos expeditos para sus pagos, pero por demoras injustificadamente no han podido recibir el aguinaldo por Fiestas Patrias de 2012.
No obstante los trabajadores ediles denunciados, si agilizaron sus pagos por conceptos de la canasta familiar –dice el dirigente– y según el pacto colectivo se les canceló la suma de S/.2300.00 a cada funcionario de confianza, dejando en claro que “para ese personal sí existe fondos disponibles y para los pensionistas nunca hay fondos” hecho que puede ser demostrado con las planillas respectivas que muestran el cobro que efectuaron.
Investigan a ex jefe de Cofopri por estafa y falsificación de documentos
Militante aprista fue denunciado por usar el nombre de la institución que presidía para estafar a los pobladores de las asociaciones Mi Pequeña Roma y Micaela Bastidas con la supuesta venta de lotes para vivienda.
POR ERIKA POMA COTRADO
La fiscalía provincial mixta corporativa de Gregorio Albarracín formalizó la investigación preparatoria contra el ex jefe zonal del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI) en Tacna, Enrique Melgar Moscoso por los presuntos delitos de Estafa, Falsificación de Documentos y Uso de Documentos Falsos así como Falsedad Ideológica en agravio de 12 ciudadanos de las asociaciones Mi Pequeña Roma y Micaela Bastidas así como de COFOPRI. Junto a él son denunciados también Raúl Núñez Vásquez y Alvina Roxana Díaz Oblitas.
LA VENTA
De acuerdo a la denuncia a la que tuvo acceso este semanario, se conoció que en el mes de agosto de año 2010, Enrique Melgar Moscoso, valiéndose de su condición de Director Ejecutivo de COFOPRI – Tacna, junto a Raúl Núñez Vásquez, habrían decidido sacar provecho de una información publicada en el Diario Oficial “El Peruano”, que daba cuenta que Cofopri, en convenio con las municipalidades a nivel nacional, declararía en abandono los terrenos que no eran ocupados por los propietarios, los mismos que además contaban con 2, 3, 4 o más lotes.
Por ello asistió a diversas reuniones con asociaciones, entre ellas Mi Pequeña Roma y Micaela Bastidas, donde ambos se presentaban como funcionarios de Cofopri-Tacna, ofreciéndoles la entrega formal de lotes de terreno para vivienda, revertidos al Estado, a cambio de una módica suma de dinero que distaba del valor real del predio.
Para obtener mayor credibilidad, el denunciado Melgar Moscoso presentaba a Raúl Núñez Vásquez como el ingeniero que iba a encargarse de empadronar, realizar todos los trámites ante COFOPRI, realizar las constataciones y formalizar los lotes revertidos. No obstante Núñez Vásquez no era quien decía ser y más bien ostentaba el puesto de chofer de la institución.
Es así que Raúl Núñez Vásquez, junto a su conviviente Alvina Roxana Díaz Oblitas, aprovechándose de la necesidad de vivienda de los agraviados, y durante los meses de octubre y noviembre del año 2010, les ofrecen los terrenos a incautos pobladores logrando cobrarles por diversas sumas de dinero. Pero también les hicieron llenar fichas de empadronamiento falsas con el logotipo de COFOPRI, (documentos que no ingresaron a trámite en COFOPRI para efectos de su tramitación regular), a fin de aparentar la formalidad de su accionar.
De acuerdo a la denuncia, tras firmar los documentos, eran conducidos al despacho del juez Mario Santiago Cárdenas para efectos de tramitar sus Actas de Constatación de Posesión de Lotes. Constataciones que nunca se hicieron en el lugar -en algunos casos- y en otros solo se suscribieron actas de constatación redactadas en el juzgado. Cabe resaltar que dichos documentos no les fueron entregados por el juez.
Asimismo, la denuncia señala que en todo momento Raúl Núñez Vásquez aseguraba a los agraviados que se iban a titular y lograr la inscripción en Registros Públicos, consiguiendo que le entreguen el dinero requerido, que no fue devuelto por el imputado durante la investigación.
LAS PRUEBAS
Como parte de las pruebas que han sido entregadas durante las primeras diligencias, se cuenta con las copias simples de las fichas de empadronamiento y constancias que les fueron entregadas a los denunciantes. También la copia de un recibo donde se establece que el ciudadano Víctor Maldonado habría entregado a Raúl Núñez la suma de dos mil nuevos soles.
Además se encuentran las manifestaciones de parte de los agraviados y audios con sus respectivas transcripciones al igual que el movimiento migratorio de Raúl Núñez Vásquez emitido por la Dirección General de Migraciones.
La semana pasada, el magistrado Raúl Caballero Laura, del juzgado de investigación preparatoria del distrito Gregorio Albarracín, dispuso notificar por edictos a los imputados Enrique Melgar Moscoso, Raúl Núñez Vásquez y Alvina Roxana Díaz Oblitas sobre el contenido de la resolución número 1 de fecha 5 de marzo de 2012 mediante la cual se pone en conocimiento la formalización de la investigación preparatoria en contra de los mencionados, investigación en agravio de Higinio Honorato Mandamiento Feliciano, Wenceslao Cari Ventura, Margoth Irma Apaza López, Elia Brígida Roque Maldonado, Saturnina Eudocia Apaza Cabana, Wilfredo Hugo Cari Apaza, Juan Manuel Roque Ventura, Casilda Mendoza Ventura, Gloria Lorena Roque Cáceres, Ruth Verónica Roque Cáceres, Javier Francisco Roque Ramos, Nancy Ventura Apaza y del Estado.
DATO: El ex jefe de Cofopri Enrique Melgar Moscoso no solo ha sido denunciado por estafa y uso de documentos falsos, una denuncia aún más grave pesa sobre él y es que el fiscal superior Luis Landa Burgos solicitó para él una pena de 25 años de prisión y el pago de 200 mil soles de reparación civil por ser presunto integrante del Comando Rodrigo Franco, comando paramilitar que sería responsable de los asesinatos de Saúl Cantoral, Consuelo García, Luis Pasache, Sócrates Porta y Manuel Febres, lo cual ha sido calificado por el fiscal como crímenes de lesa humanidad.
¡Hace campaña política en Ilave!
GERENTE MUNICIPAL DE CIUDAD NUEVA, QUE TIENE DENUNCIA POR APROPIARSE DE S/.55 MIL, SE PREPARA PARA LA ALCALÍA DE DISTRITO PUNEÑO. LA GRAN PREGUNTA: ¿A QUÉ HORAS Y CON QUÉ DINERO? VISTAPREVIA LO BUSCÓ Y FUNCIONARIO NEGÓ HASTA TENER SU DNI EN ILAVE, PERO AQUÍ LO DESMENTIMOS CON FICHA RENIEC Y ALMANAQUE DE CAMPAÑA.
Por Sandy Poma Chata
La hermosa y serena vista del lago Titicaca aparece a todo color en un almanaque de este año que se ha distribuido en diversas comunidades del distrito de Ilave, en la provincia de El Collao (Puno). En el almanaque, mismo Manco Cápac, aparece resurgiendo del lago más alto del mundo un hombre de contextura gruesa y cabello ondeado, que estira sus brazos hacia arriba y que señala el titular “MIRA” en alusión al Movimiento de Integración Regional Andina (MIRA). Nada tendría de extraña esta imagen si es que no se tratara de Sergio Roque Maquera, el actual gerente municipal de Ciudad Nueva.
Así es. El gerente Sergio Roque, designado el 1 de agosto en tan importante cargo edil, se encuentra realizando una campaña política en Ilave como “Sergio Roque, nace la esperanza, viene el cambio”. En su almanaque político, Roque se denomina incluso “el hijo del pueblo”.
ROQUE MINTIÓ “CATEGÓRICAMENTE”
Antes de obtener el almanaque y otras pruebas que delatan a Roque, VISTAPREVIA lo buscó hace más de una semana para conocer su propia versión ya que hasta ese momento había fuertes rumores sobre su campaña en Ilave. Aquella ocasión el funcionario negó pertenecer a algún partido político y hasta nos dijo que su documento de identidad había sido obtenido en Tacna.
“Se ha generado un maletendido con esa información. Hay Roques como cualquier apellido. A mí me han confundido con esa persona (…). Yo soy de Ciudad Nueva, para empezar, mi DNI es de Ciudad Nueva, por ello sería algo ilógico que yo estuviese participando en una campaña (en otro distrito), yo niego eso categóricamente”, declaró.
Pero Roque mintió. Este semanario obtuvo su ficha en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) donde claramente se consta que el ciudadano Sergio Roque Maquera, el gerente municipal de Ciudad Nueva, renovó su documento de identidad el 26 de abril de este año, citando como domicilio la dirección Jr. 200 Millas 423 Nueva Esperanza, Ilave.
FIDEOS, ARROZ, AZÚCAR…
El almanaque al que tuvimos acceso revelaría los intereses políticos de este funcionario, quien para hacer campaña con el actual alcalde de Ciudad Nueva, Hugo Mita, obtuvo un DNI con la jurisdicción de Ciudad Nueva, en Tacna, pero ahora, que tendría aspiraciones de ocupar la alcaldía de Ilave, ha renovado su DNI citando un domicilio del distrito puneño, quizá con el fin de identificarse como un aymara.
Mientras Roque no vio las pruebas seguía negando su campaña política. “Yo simplemente me estoy dedicando a trabajar en Ciudad Nueva. Los días domingos voy a cumplir los compromisos sociales y los sábados tenemos reuniones con los vecinos”, dijo.
Sin embargo, según una fuente de Puno, el gerente municipal de Ciudad Nueva habría estado varios fines de semana participando en fiestas patronales y campeonatos de fútbol realizados en comunidades de Ilave, a donde habría llevado cajas de cerveza, camisetas y copas deportivas. Otra fuente muy allegada al gerente municipal de Ciudad Nueva, que prefiere el anonimato, informó que Roque inició su campaña a inicios de este año llevando fideos, arroz, azúcar y otros productos no perecibles a Ilave. Roque habría viajado varios viernes en la noche a Ilave y retornado los lunes en la madrugada para aparecer temprano en la municipalidad de Ciudad Nueva. De otro lado, en la comuna de Ciudad Nueva indicaron que el funcionario ha faltado a su trabajo en algunas ocasiones.
CONTRA LA NORMA
Roque estaría faltando al Decreto Legislativo N° 276 de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público. Esta norma, en su artículo 23, según explica el ex decano del Colegio de Abogados de Tacna Edward Villa López, prohíbe tajantemente a los funcionarios públicos realizar actividades políticas durante el cumplimiento de sus labores.
Villa precisó además que las sanciones que corresponden a los servidores públicos que infrinjan dicha ley están señaladas en la misma norma, en el artículo 28, que establece el cese temporal y hasta la destitución.
JNE
El Movimiento de Integración Regional Andina (MIRA), nombre que figura en el almanaque de Roque, no se encuentra formalmente inscrito en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), pero ello no imposibilitaría a Roque desarrollar su campaña con miras a las futuras elecciones. Edison Huamán, servidor del JNE, señaló que toda sociedad sin fines de lucro, incluyendo las agrupaciones políticas, puede realizar donaciones a determinada jurisdicción sin necesidad de que esté inscrita ante un órgano competente.
PECULADO
Lo que no se ha determinado aún es cuánto estaría gastando Sergio Roque Maquera en su campaña política. Lo que sí se sabe es que actualmente este funcionario tiene una denuncia en el Ministerio Público por el presunto delito de peculado doloso. Se lo acusa de apropiarse de 55 mil 836 nuevos soles junto con el alcalde Mita y otro grupo de funcionarios. La denuncia no ha sido zanjada.
“Si la cárcel nos espera, iremos contentos por haber defendido nuestros derechos”
Dirigente del Conare Sutep Mery Coila asegura que no es militante del Movadef y que todo se trata de una campaña negra del gobierno para desprestigiar su lucha y desconocer el pago de sus beneficios.
Por Erika Poma Cotrado
Una denuncia periodística ha terminado por complicar la situación de los principales dirigentes del Conare (Comité Nacional de Reordenamiento y Reconstitución) Sutep quienes pese a negar que forman parte del partido prosenderista Movadef, en diciembre de 2009 convocaron a un congreso de unidad de sus bases, demandando entre otras cosas la “solución política, amnistía y reconciliación nacional" así como la "libertad para los presos políticos". Dos puntos que no guardan relación alguna con la defensa de los derechos de los maestros, pero que fueron respaldados con la firma de los dirigentes convocantes, entre los que figura la actual vicepresidenta del Comité de Lucha del Conare en Tacna, Mery Coila Ramírez.
Firme en su posición, Coila Ramírez ha negado haber apoyado dichos pedidos, pero sobre todo ha descartado formar parte del Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), atribuyendo esta “nada favorable relación” a una campaña de desprestigio y desmoralización que ha emprendido el gobierno con el fin de desentenderse del pago de beneficios y derechos que les corresponde a los maestros y que se ha visto congelado por más de 20 años.
“Yo deslindo categóricamente (ser parte del Movadef). El profesor Efraín Condori ha reconocido que es del Movadef y por eso no han encontrado mejor pretexto para a toditos tildarnos de Movadef (…) Allí hay todo un plan negro, como se hizo durante el gobierno del APRA, cuando aparecía la relación de los profesores que postulaban voluntariamente a la incorporación de la ley de la Carrera Pública Magisterial. Allí aparecía mi persona en primer lugar y yo nunca me había inscrito para la evaluación. Así que no es la primera vez que se toman mi nombre para estos despropósitos”, sostiene la dirigente, quien también fue señalada por figurar en el padrón del brazo político de Sendero Luminoso, pero con la afiliación cancelada.
“Yo he enviado ya un documento al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y presentaré toda la documentación correspondiente porque nunca he pertenecido al Movadef y nunca he pertenecido porque soy una maestra, una madre de familia que lo único que ha hecho es salir a defender sus derechos y convocar a los maestros en la defensa de un pliego de reclamos que tienen que ver con la defensa de la educación pública, el incremento de remuneraciones, pago de la bonificación del 30% y la defensa de todos los derechos que hemos conquistado con la Ley del Profesorado 24029”, agrega.
SIN TEMOR A LA CÁRCEL
La dirigente sindical hace un poco de historia y recuerda que las luchas magisteriales nunca fueron sencillas. Sostiene que la gestación de la Ley del Profesorado costó encarcelamientos y despidos masivos, además de una serie de arbitrariedades y atropellos contra los maestros. “Que nos tilden de terroristas, de extremistas no es un tema nuevo es un tema que siempre ha estado ligado a todos los maestros sindicalistas del Sutep. Ahora estamos en ese mismo escenario. Ya el procurador antiterrorista ha hecho las demandas contra varios dirigentes nacionales, regionales y seguramente ese debe ser su propósito, el encarcelarnos para silenciarlos y así amedrentar a los profesores”, refiere.
La vicepresidenta del Comité de Lucha del Conare en Tacna, Mery Coila Ramírez, aclara además que con esta serie de acusaciones, la dirigencia no ha traicionado a los profesores que se sumaron a la huelga nacional indefinida que inició el pasado 20 de junio. Por ello pide a sus colegas no bajar la guardia y mantenerse firmes en la demanda de su pliego de reclamos, aunque hoy por hoy haya variado, para dar prioridad a la lucha contra el proyecto de Ley de Reforma Magisterial.
“No nos dejemos confundir. Aquí lo que se pretende es meternos miedo, confundirnos, desmoralizarnos y dividirnos y eso no lo podemos permitir. No pueden decir que los dirigentes somos traidores porque estamos respondiendo, incluso arriesgando nuestra vida, en Lima ejerciendo presión, a veces poniendo por delante al magisterio y colocando atrás a la familia. Pero así estamos los dirigentes. Entonces también tienen que responder los maestros, tienen que responder las bases y si la cárcel nos espera, iremos contentos por haber defendido nuestros derechos”, afirma.
LEY DE REFORMA MAGISTERIAL
Para Coila Ramírez la Ley de Reforma Magisterial es “un caballo de Troya” que desencadenará en un plan más grande que tiene el gobierno del Presidente Ollanta Humala: se trata de la privatización de la educación pública como es una especie de réplica de lo ocurrido en Chile, Argentina y en otros países de Latinoamérica –dice la dirigente- y que solo terminará por recortar todos los derechos laborales de los maestros.
“Ahora que hemos obtenido sentencias del Tribunal Constitucional, del Poder Judicial para que nos devuelvan la bonificación del 30%, ahora nos salen con que se va a derogar la Ley del Profesorado y se va a liquidar todos estos beneficios laborales para el magisterio, pretendiendo así aplicar la política del “borrón y cuenta nueva”, es decir borrarnos de un plumazo todo este derecho que va a implicar más de 25 mil millones de nuevos soles de devolución para el magisterio, porque eso es lo que deben a los maestros”.
La profesora manifiesta que por ello urge lograr la reagrupación de todos los maestros nombrados y contratados, cesantes y jubilados, y todos aquellos sin distinción que puedan hacer frente a la reforma magisterial. Esto incluye la posibilidad de dejar de lado los intereses personales que dividieron al SUTEP en las facciones Conare y Cen y hasta dar apertura al diálogo para obtener un beneficio conjunto.
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