ABREN INVESTIGACIÓN CONTRA ALFÉREZ DE LA POLICÍA ACUSADO DE COLUSIÓN Y PECULADO

No pudo sustentar donde quedó parte del  dinero destinado al mejoramiento de la comisaría de 

Boca del Río.

POR ERIKA POMA COTRADO

El efectivo policial Edgard Anthony Ugas Villarruel recibió la suma de S/. 36,000 destinados al mantenimiento e implementación de la comisaría de Boca del Río. Y, aunque los trabajos se efectuaron tal como pudo ser corroborado durante una verificación realizada por Inspectoría de la PNP, no habría podido sustentar fehacientemente los pagos que se hicieron a los contratistas, así como la compra de equipos de cómputo. Ahora será investigado por la presunta comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de peculado y colusión en agravio de la Policía Nacional del Perú.  

VERIFICACIÓN IN SITU

Los hechos se remontan al 17 de noviembre de 2010, cuando Edgard Ugas, alférez Policía Nacional del Perú de la Comisaría de Boca del Río, de ese entonces, mediante el comprobante de pago Nro. 3140 recibió los 36 mil nuevos soles para el mantenimiento y acondicionamiento de la edificación de la comisaría de Boca del Rio, así como para la adquisición de maquinaria, equipo mobiliario para oficina, equipo de informativa y comunicaciones. 

Un mes después se efectúa la verificación in situ, levantándose un acta donde se constató que efectivamente se realizaron trabajos de  vaciado de veredas, pisos, tarrajeo de paredes, colocado de cerámica en los SS. HH., construcción de lavamanos, reparación de servicios higiénicos y sistema eléctrico, así como el pintado general de la comisaría.

También se adquirió dos escritorios de cómputo, un juego de comedor con 8 sillas, un CPU, monitor, accesorios para PC y una impresora. 

Incluida la mano de obra de los trabajos se hizo un gasto total de S/.16,664.00 de los 36 mil. La diferencia restante fue devuelta según el informe Nro. 117-2010-XXI-DIRTEPOL-TM-RPNPT-COMSETAC-CBR. 

Sin embargo, de acuerdo a la información a la que tuvo acceso este semanario, se indica que durante la inspección el imputado no sustentó con facturas, boletas de venta y el informe del contratista ejecutor de la obra los pagos que se le hicieron y que se detalla en los recibos por honorarios Nro.000064, Nro.00052 y Nro.000175 por trabajos de reparación y diversos conceptos que hacen un total de 12 mil 400 nuevos soles.      

En tanto que el monto entregado por la compra del equipo de cómputo no guarda relación con la proforma solicitada a la empresa Work System E.I.R.L., por lo que se desprende que se habría sobrevalorado la adquisición. 

Y es que el Órgano de Control evidenció que Work System valorizó la venta del CPU, monitor, accesorios y una impresora en S/.1,990.00 nuevos soles mientras que el precio de la adquisición ascendería a S/. 2,764.00.

INVESTIGAN 

Luego de recibir el oficio Nro.731-2012-IG-PNP-DIRINDES-IRT/UI emitido por el Coronel Inspector Regional de Tacna, Freddy Portilla Málaga, sobre la presunta comisión del delito de colusión por parte de Jaime Ártica la Torre y otros en agravio del Estado y cumpliendo con las diligencias preliminares, el tercer despacho fiscal de investigación del Ministerio Público dispuso abrir la investigación preliminar contra Edgard Anthony Ugas Villarruel por la presunta comisión del delito en contra de la administración pública, en la modalidad de peculado y colusión en agravio de la Policía Nacional del Perú.  

Para ello se ha dado un plazo de 60 días para que la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) PNP - sede Tacna cumpla con recabar las declaraciones de los representantes de la empresa de muebles Diego, de la empresa 8 DE JUNIO E.I.R.L. Diego, PC-RED; así también la de los contratistas Alberto Alfaro Gutarra y Félix Panca Quispe, quienes hicieron los trabajos de reparación y mantenimiento.   

Regidora se libra de pagar S/. 360 mil por difamación

Carlos Ruiz Llanco la denunció por perjudicar su honor cuando ella lo acusó de ser autor del “reglaje” del que la concejal dijo ser víctima. Lourdes Huancapaza dice que la sentencia es justa, pero el conocido “Capitán Ruiz” apelará la decisión del magistrado y hasta ha advertido con quejarlo ante la OCMA.

Por Sandy Poma Chata

Absuelta de toda culpa salió la regidora provincial Lourdes Huancapaza Cora de la querella que presentó en su contra el ciudadano Carlos Ruiz Llanco, conocido en el medio político por la estrecha amistad que tuvo, en su momento, con el alcalde de Tacna, Fidel Carita Monroy.

Huancapaza había sido acusada ante la Corte Superior de Justicia de Tacna (CSJT) por el presunto delito de difamación, luego de haber vertido declaraciones en diferentes medios de comunicación en los que, según denunció Llanco, lo acusó de ser el autor intelectual del “reglaje” del que ella habría sido víctima en junio del año pasado. 

SERVICIO DE INTELIGENCIA

Aquel entonces el nombre de Ruiz Llanco se conoció como el “Capitán Ruiz”, personaje que incluso fue sindicado de dirigir el Servicio de Inteligencia Municipal (SIM), un supuesto órgano secreto de la Municipalidad Provincial de Tacna (MPT) que servía para hacer “reglaje” a los servidores de la MPT que no estaban de acuerdo con el alcalde Carita. Esto nunca fue comprobado. “Fue una época muy difícil y lo sigue siendo, porque no me gustaría que a mis hijos, que son niños ahora, les bromeen más adelante con lo que me pasó. Yo no quiero que mi esposa y mi madre escuchen todo lo que se habló de mí. Al denunciar a la regidora solo he querido limpiar mi nombre”, manifestó.

Pero nada salió a favor del “Capitán Ruiz”. El juez Franco Apaza dio una sentencia a favor de Huancapaza aún cuando el ex miembro del Ejército presentó recortes periodísticos del diario Correo y audios propalados por Radio Uno, donde, según manifestó Ruiz, se escucha claramente a la regidora acusándolo de ser el autor del “reglaje” junto con el actual jefe de Seguridad Ciudadana, Jorge Girón Begazo, conocido como el “Capitán Girón”. Esta apreciación Huancapaza la dio en junio del año pasado cuando se sintió perseguida por dos sujetos a quienes luego denunció por el delito contra la libertad individual. Se trataba de Freddy Mollinedo Aratea y Miguel Aratea Gutiérrez. 

La regidora aseguró que cuando los referidos sujetos fueron llevados a la Comisaría, mencionaron los apellidos de Girón y Ruiz como sus allegados, generándose así toda una cadena de acusación hacia los “capitanes” Ruiz y Girón. Las sospechas se ahondaron más, debido a que, según declaró aquella vez la regidora, días antes de su persecución había solicitado información sobre los capitanes en retiro Girón y Llanco (este último prestó servicios por un corto periodo a la MPT).

A FAVOR DE HUANCAPAZA

El magistrado Apaza sostuvo en su sentencia que no existen pruebas que acrediten que la regidora Huancapaza haya incurrido en difamación, más cuando –según aseguró– no se puede definir si el apelativo “Capitán Ruiz”, difundido en los medios, se refería exactamente a Carlos Ruiz Llanco.

La regidora Huancapaza se libró así de pagar 360 mil nuevos soles que Ruiz Llanco pidió como reparación civil, ya que, según manifestó, dañaron su honor y reputación. El “Capitán Ruiz” dijo también que perdió ofertas laborales debido a que nadie quería contratarlo por la pésima imagen que había adquirido. Además, su abogado César Málaga sostuvo que su patrocinado fue menoscabado psicológica y moralmente. La concejal se libró también de recibir una pena privativa de la libertad de tres años. 

“SENTENCIA JUSTA”

En breves declaraciones a este medio, Huancapaza señaló que la sentencia del juez Apaza es justa, debido a que no cometió ningún delito. Por su lado, Carlos Ruiz aseguró que no se quedará de brazos cruzados pues muy pronto apelará la decisión del juez. Si las cosas no salen como él espera, advirtió que presentará una queja contra el magistrado ante la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) pues, agregó, presentó pruebas importantes que no fueron tomadas en cuenta.

“El juez está siendo injusto, en un anterior caso él mismo sentenció a un periodista tan solo por leer un artículo de un semanario. Y ahora que se muestran pruebas más contundentes, no ha hecho nada”, puntualizó.

DATO

En junio del año pasado la regidora Lourdes Huancapaza denunció a dos sujetos que le practicaron un presunto “reglaje”. Aquella vez, la concejal tenía sospechas de que detrás de todo ello, se encontraban el “Capitán Ruiz” y el “Capitán Girón”.

“Tacna es una emoción”

Por Rogger Avendaño Cárdenas

La noche del viernes 10 fue presentado en el segundo piso del Club Unión el libro “Tacna es una emoción”, del cronista tacneño Fredy Gambetta Uría, que para dicho título se inspiró en un poema de Enrique López Albújar.

Con más de 150 personas llenando el auditorio y los pasillos del Club Unión, el conocido poeta y cronista de Tacna saludó a todo el público, que lo aplaudió, y habló sobre esta heroica ciudad, tan bien narrada en su libro, recordando emotivo sus años mozos y las épicas andanzas con su gran amigo de letras, juventud y vino, el historiador Luis Cavagnaro Orellana, así como esa muy amistosa entrevista con el finado historiador de la República, Jorge Basadre Grohmann (que consta en el libro).  

A ratos, el público y al autor refrescaban el ambiente con sonrisas cómplices  nacidas de las bromas del autor, que evocó algunas tarzanescas aventuras que realizó cuando los años aún no le peinaban canas y los excesos eran hasta que el cuerpo aguante.

Gambetta agradeció a la ONG Hábitat Tacna Siglo XXI por auspiciar el libro, que ahora se suma a las 19 obras que el autor de 64 años publicó inspirado en Tacna. 

En el índice del libro de 190 páginas esperan al lector varias entrevistas, discursos, recuerdos y vivencias que el alma del autor abriga sobre personajes como Federico Barreto Bustíos, Jorge Basadre Grohmann, Luis Alberto Sánchez, Juan Auza Arce, Enrique López Albújar, Grover Pango Vildoso y  Elisbán Velásquez. Destacan además un poema a Tacna y otro a Francisco Antonio de Zela; más dos leyendas: El Castigo a la Soberbia y La Maldición de Wiracocha. En las últimas páginas, habita una selección fotográfica del autor. 

Fredy Gambetta Uría, tal vez sin querer, halado por el río de su arte, cinceló su nombre en la historia de Tacna desde el siglo pasado. En una entrevista con Grover Pango, Gambetta cuenta: “No sé si deseo ser popular o no. Lo que busco es, repitiendo una frase feliz de García Márquez, frase que me gusta mucho, que mis amigos, que la buena gente que me estima, que mis paisanos me quieran más”. 

“Todo artista es un intérprete, un vocero del alma de su pueblo, no solamente los poetas. Los artistas solamente son aquellos seres que expresan bellamente…”, modela una frase reflexiva del autor.

Al ser las 9 de la noche, el paseo de las copas del brindis y los bocaditos que tanto persigue la gente se instauró. Pero más perseguido que los bocaditos era don Fredy Gambetta, que previamente anunció que se regalarían ejemplares de su libro en el primer piso del club y que por la gran cantidad de personas, él carecería del tiempo para firmarlos todos, pero aún así los asistentes lo esperaron e hicieron una larga fila para felicitar con abrazos al autor.

PROYECTOS

Freddy Gambetta conserva además 4 nuevos libros listos para publicarse, pero que aún falta fechar. El mismo camino literario comparte su hijo Mauricio Gambetta, que más temprano que tarde presentará su novela “La inocencia perdida de Adelina Cadima”, argumento protagonizado por un anciano que vive y sufre desde los años previos a la invasión de las tropas chilenas en el histórico Campo de la Alianza y lo que será el Cautiverio de Tacna.

  

Fiscalía investiga posible homicidio de PNP hallada muerta en aeropuerto de Tacna

Dan 40 días de plazo al DEINCRI para que reciba la manifestación de su ex pareja y otros 2 policías, así como la recopilación de la información de sus correos electrónicos. 

Por Erika Poma Cotrado

A casi 3 meses del fallecimiento de la alférez PNP Magaly Rocío Reyes López, encontrada muerta en la dependencia policial del aeropuerto Carlos Ciriani Santa Rosa donde era comisaria, el cuarto despacho de investigación preparatoria del Ministerio Público ha dispuesto abrir la investigación preliminar para recabar la existencia o no de indicios de la comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio. 

Para ello ha citado a declarar a su ex pareja y compañero de armas Manuel Chaca Evangelista, así como al suboficial Andree Chanini Sosa y al guardia de seguridad, Abel Reynoso Alvares, que se encontraba en la garita el 21 de mayo de este año, cuando ocurrió el deceso de la alférez. 

También se ha requerido al entorno familiar, amical o laboral brindar la información de los correos electrónicos que recibió o envió Reyes López antes de fallecer producto de un disparo en el pecho. 

MUERTE EN EL AEROPUERTO

La  mañana del 21 de mayo, exactamente a las 8:05 horas, el SOB PNP Daniel Saldarriaga Rivas en su condición de Oficial de Guardia de la Comisaría Especial del aeropuerto, encontró a la alférez PNP Magaly Reyes López al interior del dormitorio del personal policial. Estaba en posición de cubito dorsal sobre el primer nivel del camarote, con los ojos abiertos. En ese momento el oficial se percató que el cuerpo no tenía signos vitales y presentaba un orificio de entrada y de salida en la parte del pecho producido por un impacto de bala. 

Tal fue la potencia del proyectil al salir disparado, que terminó perforando también  la pared contraplacada de triplay, ubicada detrás del camarote donde fue encontrada la occisa.

Ante el aterrador panorama, Saldarriaga Rivas comunicó los hechos a sus superiores y en cuestión de horas el representante del Ministerio Público se constituyó al lugar junto a personal policial y personal especializado a fin de iniciar las primeras indagaciones y pericias realizadas al cuerpo sin vida de la joven policía.  

Así ha quedado plasmado en el informe policial Nro. 30-12-RPS-DTT-DIVICAJ-DEINCRI/SIDCVS, que contiene las diligencias efectuadas en torno a la presunta comisión del delito de homicidio en agravio de Magaly Reyes López.

NECROPSIA

Y aunque las investigaciones se manejan con total hermetismo, se conoció que los resultados de la necropsia de ley en lo que se determinó que la alférez PNP Magaly Reyes, falleció por un impacto de bala disparada por un arma de fuego que le ocasionó un shock hipovolémico (hemorragia), perforación cardiaca y pulmonar, traumatismo toráxico abierto con entrada y salida de proyectil (arma de fuego).

Se estableció entonces que el arma empleada fue la pistola Beretta de serie G-19553-Z  calibre 9mm, la cual fue hallada en la escena. La identificación balística confirmó el uso del arma, la percusión y disparo del casquillo y proyectil respectivamente. 

Junto a la pistola se puso también en cadena de custodia el casquillo de bala, el uniforme de la desaparecida alférez entre otras pruebas documentales y físicas encontradas en el dormitorio del personal policial, donde se produjo el deceso. 

Asimismo se estableció recoger las manifestaciones de los policías y los testigos que estuvieron en la escena, aunque esa información por el momento no ha sido revelada.  

INVESTIGAN

Desde que ocurrió la muerte de la alférez y su traslado a la ciudad de Lima donde se le dio cristiana sepultura, las averiguaciones para determinar las verdaderas causas del deceso han avanzado a paso lento. 

Más aun cuando recién el 6 de junio peritos especializados de criminalística que habrían llegado desde Lima realizaron la reconstrucción de los hechos que incluyeron el disparo de un arma de fuego para conocer a ciencia cierta la dirección de salida de la bala y así establecer si el impacto recibido por la alférez guardaba relación con la posición en la que fue encontrada. 

Sin embargo, y ya con la información antes mencionada en su poder, dos meses después, la fiscalía ha decidido abrir la investigación preliminar en la sede policial del Departamento de Investigación Criminalística DEINCRI por el plazo de 40 días para cumplir una serie de diligencias entre las que se encuentra la declaración de Manuel Chaca Evangelista, ex pareja de la alférez Magaly Reyes López, que se encontraba trabajando en una región alejada de Tacna. 

“No necesité de ninguna autorización para viajar”

Fiscalía dispuso investigar al alcalde de Ite por los presuntos delitos de usurpación de funciones y abuso de autoridad. En tanto, Adán Vargas señaló que no requería del permiso del concejo para sus viajes a Lima porque estos no pasaron de los tres días. 

Por Sandy Poma Chata

La Fiscalía Provincial Mixta de Jorge Basadre dispuso, el pasado 3 de agosto, iniciar las investigaciones preliminares en contra del alcalde del distrito de Ite, Adán Vargas Cárdenas, por los presuntos delitos de abuso de autoridad y usurpación de funciones. 

Como se recuerda, el burgomaestre fue denunciado por los regidores Alejandro Cabana, Milagros Cornejo, Gliseria Mamani y Rosalía Machaca por emitir resoluciones entre marzo y junio, en las cuales él mismo autorizó sus viajes a la capital para actividades oficiales y personales. Adán Vargas también fue acusado por no permitirle al primer regidor (Cabana) el tomar las atribuciones ejecutivas y administrativas durante su ausencia.

El artículo 9 de la Ley Orgánica de Municipalidades señala que las licencias que soliciten las autoridades deben contar con el permiso del concejo municipal, hecho que no se suscitó con el alcalde Vargas. En su denuncia, los concejales se basaron también en resoluciones emitidas por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) donde se deja precedente que a los primeros regidores les corresponde tomar las atribuciones de un alcalde, cuando la autoridad no esté presente o haya sido vacado. Sin embargo, en las ocasiones en que Vargas estuvo en Lima, al primer regidor, Alejandro Cabana, solo se le concedieron atribuciones políticas y no podía tomar decisiones importantes en la comuna.

“ACUSACIÓN POLÍTICA”

El alcalde Vargas tiene su propia posición. Él alude que la acusación de los regidores es un tema netamente político. “Yo no le he causado ningún perjuicio a la municipalidad, no hubo dolo (intención de hacer daño) de mi parte”, se defiende.

Según el burgomaestre, los viajes que realizó a Lima no duraron más de tres días por lo que no era necesario solicitarles permiso a los regidores. “La Ley Orgánica de Municipalidades nos señala que los alcaldes solo debemos pedir autorización cuando viajemos al exterior o bien cuando nos vayamos a ausentar por 30 días”, manifestó. Vargas está acudiendo así al artículo 9 de la mencionada ley, que indica  que el concejo tiene entre sus atribuciones el autorizar los viajes al exterior del país que, en comisión de servicios o representación de la municipalidad, realicen el alcalde, los regidores, el gerente municipal o cualquier otro funcionario.

Sin embargo, la parte denunciante acude también al mencionado artículo que precisa, en su inciso 27, que las licencias solicitadas por los alcaldes deben ser otorgadas por el concejo municipal. Vargas en dos ocasiones viajó a Lima en el mes de mayo por motivos personales, emitiendo resoluciones en las cuales se otorgó él mismo sus licencias sin goce de haber. El fiscal responsable del caso, Wilder Llorca Serrano, sostiene que Vargas habría transgredido así la norma establecida, debido a que el alcalde hizo actos normativos propios que antes debieron ser discutidos por los miembros del concejo.

ABUSO DE AUTORIDAD

En el caso de las atribuciones encargadas al primer regidor, Alejandro Cabana, el alcalde de Ite sostuvo también que no incurrió en delito de abuso de autoridad. “La ley señala que solo debí dejarle atribuciones políticas y eso hice. Imagínese que le hubiese dejado atribuciones ejecutivas por los dos o tres días que falté, él podría cambiar al personal si quiere, y eso sería un perjuicio”, comentó.

Solo si hubiese faltado 30 días a la municipalidad podría haberle concedido a Cabana todas las atribuciones, alegó Vargas.

INVESTIGACIÓN

Durante 20 días ha previsto investigar el fiscal Llorca este caso para determinar si hubo o no delito y así más adelante proceder a iniciar una investigación preparatoria. Como parte de las indagaciones, los regidores han sido citados a declarar entre el 20 al 21 de agosto; mientras que el alcalde Vargas irá al Ministerio Público el 22 del mismo mes a las 10:00 horas. La autoridad edil dijo que ese día solicitaría el archivo de la denuncia.

DATO

El alcalde Adán Vargas fue denunciado el 30 de julio por cuatro regidores. Lo acusan de emitir resoluciones a su favor e impedir que el teniente alcalde asuma funciones ejecutivas en su ausencia.

Empleado edil estafa a Municipalidad Provincial

Se habría apropiado de manera irregular de dinero de impuestos. Comuna maneja el tema con total hermetismo, mientras que implicado en el hecho lo sindicó  como el autor de adulteración de documentos

REDACCION VISTAPREVIA

La sombra de un escándalo aún no se va de la Municipalidad Provincial de Tacna, pues no culminan  las investigaciones que realiza el Ministerio Público a uno de sus trabajadores por el presunto delito contra la fe pública en la modalidad de falsificación de documentos. 

EL FAMOSO PAGO

Los hechos se remontan a mediados de 2011, cuando el ciudadano identificado como Edgard Vincha Escalera (53) fue animado por un agente de bienes inmuebles para la compra de una propiedad ubicada en la Villa Municipal Mz. D Lt. 24. 

El agente de bienes inmuebles, identificado como Julio Paredes Moscoso, dio a su cliente toda la información acerca de la propiedad, así como las facilidades para acceder a la compra del bien, a través de un crédito en un reconocido banco de la localidad. 

Encantado por los beneficios que le ofrecían y las facilidades que daban para la obtención del crédito, Edgard Vincha no dudó en realizar la transacción y decidió comprar la propiedad. 

Todo hubiera sido felicidad para el comprador de no ser porque al momento de realizar la escritura ante el Notario Público, éste le indicó que debía efectuar un pago correspondiente al impuesto de alcabala, el mismo que según se le informó ascendía a S/. 10,600. 

Fue entonces cuando el promotor del banco le indicó que para “acelerar” los trámites, otorgue el dinero al agente de bienes raíces, quien presumía de tener buenos contactos al interior de la municipalidad provincial por lo que podría realizar el trámite con mayor facilidad. El contacto de Paredes era Nelson Guzmán Vargas, trabajador nombrado de la comuna local quien labora como terminalista tributario. 

LA ESTAFA

Tras haber entregado el dinero pactado, Paredes Moscoso se dirigió a la municipalidad provincial y poco después retornó a encontrarse con el comprador a quien entregó las constancias de pago expedidas por la municipalidad provincial. Vincha Escalera sacó una copia de los documentos y luego entregó el original junto con otros papeles al agente para que se culminen los trámites ante la Notaría Pública. 

Con la escritura en su poder, Edgar Vincha se retiró y de manera casi inmediata se mudó a su nuevo domicilio para vivir con su familia. 

NO HUBO PAGO DE ALCABALA

La vida de Vincha se vio alterada cuando una trabajadora de la municipalidad provincial le indicó que hasta el momento no había hecho el pago por el impuesto de alcabala, la sorpresa no pudo ser mayor, con los comprobantes en mano, el afectado concurrió a la sede de la institución edil para mostrar su malestar y pedir las explicaciones correspondientes. 

Paralelo a esto se denunció al agente corredor de servicios, Julio Paredes Moscoso, quien ante la presencia de pruebas y testigos aceptó haber incurrido en un acto ilícito y se acogió a la modalidad de colaboración eficaz para aminorar su culpa. 

Lo primero que declaró Paredes ante las autoridades fue que el trabajador de la municipalidad provincial Nelson Guzmán Vargas, era quien había fraguado los documentos que le fueron entregados al comprador del inmueble. 

Producto de las indagaciones realizadas, la procuraduría Pública de la Municipalidad Provincial de Tacna, interpuso la denuncia en contra de Guzmán, la misma que aún no culmina y está en la fase de recepción de manifestaciones de parte de todos los implicados. 

NO SERÍA LA PRIMERA VEZ

En el año 2009, mediante la resolución de alcaldía 2584 09–MPT se resuelve suspender por un plazo de 30 días a Guzmán Vargas, pues un examen especial realizado por la Oficina de Control Institucional determinó que se había perjudicado a la comuna local con la suma de S/. 222,961 durante los años 2006 y 2007 por la anulación de recibos por cobro de impuesto de alcabala y la sustracción de montos pagados por dicho concepto. 

En este caso, se determina que Nelson Guzmán tuvo responsabilidad administrativa funcional, por no haber emitido la relación diaria de las declaraciones trabajadas para anexarlas al legajo de cada contribuyente, lo que ayudo a que se cometa el acto delictivo. 

Se desconoce hasta el momento si existen más víctimas de las estafas o si hay más funcionarios involucrados en esta modalidad irregular mediante la cual se desviaban los dineros de la comuna para cuentas personales. Tampoco se conoce a ciencia cierta cuál es el monto total por el que se habría visto afectado la comuna en los últimos años. 

DATO

S/. 10,600 entregó el comprador del inmueble para que se pague el impuesto de alcabala a la municipalidad provincial. 

MINSUR contrató a empresa que desconoce obras de tendido eléctrico

Trabajadores se encadenan ante contratista en el frontis de la empresa CAM PERÚ y protestaron enérgicamente, exigiendo el pago de las deudas pendientes.

Por Rogger Avendaño Cárdenas

Cansados de reclamar desde febrero a CAM PERÚ (contratista de la minera de MINSUR) el pago de una deuda de 350 mil nuevos soles, una decena de trabajadores y su abogado se encadenaron en la puerta principal de dicha empresa, con carteles exigiendo sus pagos y arengándose para luchar hasta el final. 

El gerente de CAM PERÚ, ingeniero Javier Lagos, acompañado de otras personas, no pudieron ingresar a su local. Los protestantes le exigían solucionar el problema. Los policías poco pudieron hacer ante la firmeza de los empresarios tacneños que se sienten estafados, ya que según el abogado que los defiende, MINSUR y CAM PERÚ no tendrían la voluntad de solucionar el problema.

EL PROBLEMA

El abogado defensor de los trabajadores, Julio Loza Mosquera, detalló a VISTAPREVIA el inicio del problema y el porqué de la desazón de sus patrocinados.

“La empresa minera MINSUR contrató a la empresa CAM PERÚ para que realice el tendido de las redes eléctricas desde Alto de la Alianza hasta Palca. Entonces, CAM PERÚ, que no tiene experiencia en ese rubro, subcontrata a COCESA, esta empresa contrata a su vez a personal técnico y trabajadores. El problema es que COCESA es totalmente insolvente. Creo que tenía un capital de 150 mil nuevos soles y empieza a hacer una obra de gran envergadura, como es el tendido de redes de Alto de la Alianza a Palca, presupuestado para 2 millones de dólares, aproximadamente. Con 150 mil soles no hacía nada. Consecuentemente se presta dinero de uno y otro señor, para la obra”, dijo.

“Entonces ahí empieza el problema, porque había que poner torres en las zonas elevadas, momento en que COCESA se endeudó con trabajadores, proveedores, prestamistas, etc., pero CAM PERÚ no pagaba las valorizaciones dadas, por ello hubo retraso. Es ahí cuando intempestivamente CAM le corta su contrato de trabajo a COCESA, justo cuando COCESA iba a ganar el dinero para pagarle a la gente. Pero CAM PERÚ, al cortarle el contrato, hizo quebrar a COCESA, justo cuando llegaban los trabajos fáciles como el tendido de redes”, expresó el letrado.

Según Julio Loza, desde febrero enviaron cartas notariales para dar solución al problema, ya que a los trabajadores se les adeudaría un capital neto de 350 mil nuevos soles, desde esa fecha. 

Los tacneños que se sienten estafados habrían aportado a la obra desde agosto a diciembre del año pasado. Serían entre 50 a 70 las personas dañadas por ese dinero que algunas manos oscuras quisieran desaparecer.

POSTURA EXTRAÑA

Mientras las personas continuaban arengándose con “Si no hay solución la lucha continúa” y “MINSUR, pronta solución a nuestros problemas”, el jurisconsulto Loza manifestó que el gerente de COCESA, Dimas Espejo, habría tenido la intención de terminar el problema y pagar a las personas.

“COCESA quebró económicamente y a mí me consta, porque Dimas Espejo inclusive no tenía para comer en ese momento. Espejo envía los documentos a CAM diciéndoles que paguen a los trabajadores, pero lamentablemente no se pagó”, enfatizó Loza.

MINSUR DEBERÍA ARBITRAR EL PROBLEMA

A criterio del abogado Loza, el problema principalmente se originó desde la empresa COCESA, luego CAM y MINSUR. 

“MINSUR tiene que ser un árbitro. Mis clientes han dado dinero para esa obra, por eso le pido públicamente a MINSUR que interfiera aquí de buenos oficios y solucione el problema. Por ejemplo, yo tengo el reporte diario de las camionetas que subían a Palca, con el dinero de mis clientes que aportaban en esos gastos, también.”

 “A CAM y a MINSUR les digo que no vamos a rendirnos y que vamos a hacernos respetar, nadie se va a burlar de los proveedores de Tacna”, recalcó el letrado Loza.

VERSIÓN DE CAM

Ese mismo miércoles, en horas de la tarde y de la noche, VISTAPREVIA trató de contactarse telefónicamente con los miembros de la empresa CAM para conocer su versión de los hechos y publicarla en la presente nota. Aunque en un primer momento se mostraron llanos a dar su versión oficial, ella no llegó. Lo único que se dijo es que tienen la buena voluntad de arreglar el problema. Si el problema viene notarialmente  desde febrero, entonces puede dudarse de que en verdad exista una buena voluntad o que tal vez se trate de un burdo juego de palabras. 

Al cierre de la nota CAM no dio una versión  oficial de los hechos y el abogado Loza afirmó que de persistir el problema, radicalizarían sus medidas de fuerza y muy posiblemente llegarían hasta Lima.