Fiscalía investiga posible homicidio de PNP hallada muerta en aeropuerto de Tacna

Dan 40 días de plazo al DEINCRI para que reciba la manifestación de su ex pareja y otros 2 policías, así como la recopilación de la información de sus correos electrónicos. 

Por Erika Poma Cotrado

A casi 3 meses del fallecimiento de la alférez PNP Magaly Rocío Reyes López, encontrada muerta en la dependencia policial del aeropuerto Carlos Ciriani Santa Rosa donde era comisaria, el cuarto despacho de investigación preparatoria del Ministerio Público ha dispuesto abrir la investigación preliminar para recabar la existencia o no de indicios de la comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio. 

Para ello ha citado a declarar a su ex pareja y compañero de armas Manuel Chaca Evangelista, así como al suboficial Andree Chanini Sosa y al guardia de seguridad, Abel Reynoso Alvares, que se encontraba en la garita el 21 de mayo de este año, cuando ocurrió el deceso de la alférez. 

También se ha requerido al entorno familiar, amical o laboral brindar la información de los correos electrónicos que recibió o envió Reyes López antes de fallecer producto de un disparo en el pecho. 

MUERTE EN EL AEROPUERTO

La  mañana del 21 de mayo, exactamente a las 8:05 horas, el SOB PNP Daniel Saldarriaga Rivas en su condición de Oficial de Guardia de la Comisaría Especial del aeropuerto, encontró a la alférez PNP Magaly Reyes López al interior del dormitorio del personal policial. Estaba en posición de cubito dorsal sobre el primer nivel del camarote, con los ojos abiertos. En ese momento el oficial se percató que el cuerpo no tenía signos vitales y presentaba un orificio de entrada y de salida en la parte del pecho producido por un impacto de bala. 

Tal fue la potencia del proyectil al salir disparado, que terminó perforando también  la pared contraplacada de triplay, ubicada detrás del camarote donde fue encontrada la occisa.

Ante el aterrador panorama, Saldarriaga Rivas comunicó los hechos a sus superiores y en cuestión de horas el representante del Ministerio Público se constituyó al lugar junto a personal policial y personal especializado a fin de iniciar las primeras indagaciones y pericias realizadas al cuerpo sin vida de la joven policía.  

Así ha quedado plasmado en el informe policial Nro. 30-12-RPS-DTT-DIVICAJ-DEINCRI/SIDCVS, que contiene las diligencias efectuadas en torno a la presunta comisión del delito de homicidio en agravio de Magaly Reyes López.

NECROPSIA

Y aunque las investigaciones se manejan con total hermetismo, se conoció que los resultados de la necropsia de ley en lo que se determinó que la alférez PNP Magaly Reyes, falleció por un impacto de bala disparada por un arma de fuego que le ocasionó un shock hipovolémico (hemorragia), perforación cardiaca y pulmonar, traumatismo toráxico abierto con entrada y salida de proyectil (arma de fuego).

Se estableció entonces que el arma empleada fue la pistola Beretta de serie G-19553-Z  calibre 9mm, la cual fue hallada en la escena. La identificación balística confirmó el uso del arma, la percusión y disparo del casquillo y proyectil respectivamente. 

Junto a la pistola se puso también en cadena de custodia el casquillo de bala, el uniforme de la desaparecida alférez entre otras pruebas documentales y físicas encontradas en el dormitorio del personal policial, donde se produjo el deceso. 

Asimismo se estableció recoger las manifestaciones de los policías y los testigos que estuvieron en la escena, aunque esa información por el momento no ha sido revelada.  

INVESTIGAN

Desde que ocurrió la muerte de la alférez y su traslado a la ciudad de Lima donde se le dio cristiana sepultura, las averiguaciones para determinar las verdaderas causas del deceso han avanzado a paso lento. 

Más aun cuando recién el 6 de junio peritos especializados de criminalística que habrían llegado desde Lima realizaron la reconstrucción de los hechos que incluyeron el disparo de un arma de fuego para conocer a ciencia cierta la dirección de salida de la bala y así establecer si el impacto recibido por la alférez guardaba relación con la posición en la que fue encontrada. 

Sin embargo, y ya con la información antes mencionada en su poder, dos meses después, la fiscalía ha decidido abrir la investigación preliminar en la sede policial del Departamento de Investigación Criminalística DEINCRI por el plazo de 40 días para cumplir una serie de diligencias entre las que se encuentra la declaración de Manuel Chaca Evangelista, ex pareja de la alférez Magaly Reyes López, que se encontraba trabajando en una región alejada de Tacna. 

“No necesité de ninguna autorización para viajar”

Fiscalía dispuso investigar al alcalde de Ite por los presuntos delitos de usurpación de funciones y abuso de autoridad. En tanto, Adán Vargas señaló que no requería del permiso del concejo para sus viajes a Lima porque estos no pasaron de los tres días. 

Por Sandy Poma Chata

La Fiscalía Provincial Mixta de Jorge Basadre dispuso, el pasado 3 de agosto, iniciar las investigaciones preliminares en contra del alcalde del distrito de Ite, Adán Vargas Cárdenas, por los presuntos delitos de abuso de autoridad y usurpación de funciones. 

Como se recuerda, el burgomaestre fue denunciado por los regidores Alejandro Cabana, Milagros Cornejo, Gliseria Mamani y Rosalía Machaca por emitir resoluciones entre marzo y junio, en las cuales él mismo autorizó sus viajes a la capital para actividades oficiales y personales. Adán Vargas también fue acusado por no permitirle al primer regidor (Cabana) el tomar las atribuciones ejecutivas y administrativas durante su ausencia.

El artículo 9 de la Ley Orgánica de Municipalidades señala que las licencias que soliciten las autoridades deben contar con el permiso del concejo municipal, hecho que no se suscitó con el alcalde Vargas. En su denuncia, los concejales se basaron también en resoluciones emitidas por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) donde se deja precedente que a los primeros regidores les corresponde tomar las atribuciones de un alcalde, cuando la autoridad no esté presente o haya sido vacado. Sin embargo, en las ocasiones en que Vargas estuvo en Lima, al primer regidor, Alejandro Cabana, solo se le concedieron atribuciones políticas y no podía tomar decisiones importantes en la comuna.

“ACUSACIÓN POLÍTICA”

El alcalde Vargas tiene su propia posición. Él alude que la acusación de los regidores es un tema netamente político. “Yo no le he causado ningún perjuicio a la municipalidad, no hubo dolo (intención de hacer daño) de mi parte”, se defiende.

Según el burgomaestre, los viajes que realizó a Lima no duraron más de tres días por lo que no era necesario solicitarles permiso a los regidores. “La Ley Orgánica de Municipalidades nos señala que los alcaldes solo debemos pedir autorización cuando viajemos al exterior o bien cuando nos vayamos a ausentar por 30 días”, manifestó. Vargas está acudiendo así al artículo 9 de la mencionada ley, que indica  que el concejo tiene entre sus atribuciones el autorizar los viajes al exterior del país que, en comisión de servicios o representación de la municipalidad, realicen el alcalde, los regidores, el gerente municipal o cualquier otro funcionario.

Sin embargo, la parte denunciante acude también al mencionado artículo que precisa, en su inciso 27, que las licencias solicitadas por los alcaldes deben ser otorgadas por el concejo municipal. Vargas en dos ocasiones viajó a Lima en el mes de mayo por motivos personales, emitiendo resoluciones en las cuales se otorgó él mismo sus licencias sin goce de haber. El fiscal responsable del caso, Wilder Llorca Serrano, sostiene que Vargas habría transgredido así la norma establecida, debido a que el alcalde hizo actos normativos propios que antes debieron ser discutidos por los miembros del concejo.

ABUSO DE AUTORIDAD

En el caso de las atribuciones encargadas al primer regidor, Alejandro Cabana, el alcalde de Ite sostuvo también que no incurrió en delito de abuso de autoridad. “La ley señala que solo debí dejarle atribuciones políticas y eso hice. Imagínese que le hubiese dejado atribuciones ejecutivas por los dos o tres días que falté, él podría cambiar al personal si quiere, y eso sería un perjuicio”, comentó.

Solo si hubiese faltado 30 días a la municipalidad podría haberle concedido a Cabana todas las atribuciones, alegó Vargas.

INVESTIGACIÓN

Durante 20 días ha previsto investigar el fiscal Llorca este caso para determinar si hubo o no delito y así más adelante proceder a iniciar una investigación preparatoria. Como parte de las indagaciones, los regidores han sido citados a declarar entre el 20 al 21 de agosto; mientras que el alcalde Vargas irá al Ministerio Público el 22 del mismo mes a las 10:00 horas. La autoridad edil dijo que ese día solicitaría el archivo de la denuncia.

DATO

El alcalde Adán Vargas fue denunciado el 30 de julio por cuatro regidores. Lo acusan de emitir resoluciones a su favor e impedir que el teniente alcalde asuma funciones ejecutivas en su ausencia.

Empleado edil estafa a Municipalidad Provincial

Se habría apropiado de manera irregular de dinero de impuestos. Comuna maneja el tema con total hermetismo, mientras que implicado en el hecho lo sindicó  como el autor de adulteración de documentos

REDACCION VISTAPREVIA

La sombra de un escándalo aún no se va de la Municipalidad Provincial de Tacna, pues no culminan  las investigaciones que realiza el Ministerio Público a uno de sus trabajadores por el presunto delito contra la fe pública en la modalidad de falsificación de documentos. 

EL FAMOSO PAGO

Los hechos se remontan a mediados de 2011, cuando el ciudadano identificado como Edgard Vincha Escalera (53) fue animado por un agente de bienes inmuebles para la compra de una propiedad ubicada en la Villa Municipal Mz. D Lt. 24. 

El agente de bienes inmuebles, identificado como Julio Paredes Moscoso, dio a su cliente toda la información acerca de la propiedad, así como las facilidades para acceder a la compra del bien, a través de un crédito en un reconocido banco de la localidad. 

Encantado por los beneficios que le ofrecían y las facilidades que daban para la obtención del crédito, Edgard Vincha no dudó en realizar la transacción y decidió comprar la propiedad. 

Todo hubiera sido felicidad para el comprador de no ser porque al momento de realizar la escritura ante el Notario Público, éste le indicó que debía efectuar un pago correspondiente al impuesto de alcabala, el mismo que según se le informó ascendía a S/. 10,600. 

Fue entonces cuando el promotor del banco le indicó que para “acelerar” los trámites, otorgue el dinero al agente de bienes raíces, quien presumía de tener buenos contactos al interior de la municipalidad provincial por lo que podría realizar el trámite con mayor facilidad. El contacto de Paredes era Nelson Guzmán Vargas, trabajador nombrado de la comuna local quien labora como terminalista tributario. 

LA ESTAFA

Tras haber entregado el dinero pactado, Paredes Moscoso se dirigió a la municipalidad provincial y poco después retornó a encontrarse con el comprador a quien entregó las constancias de pago expedidas por la municipalidad provincial. Vincha Escalera sacó una copia de los documentos y luego entregó el original junto con otros papeles al agente para que se culminen los trámites ante la Notaría Pública. 

Con la escritura en su poder, Edgar Vincha se retiró y de manera casi inmediata se mudó a su nuevo domicilio para vivir con su familia. 

NO HUBO PAGO DE ALCABALA

La vida de Vincha se vio alterada cuando una trabajadora de la municipalidad provincial le indicó que hasta el momento no había hecho el pago por el impuesto de alcabala, la sorpresa no pudo ser mayor, con los comprobantes en mano, el afectado concurrió a la sede de la institución edil para mostrar su malestar y pedir las explicaciones correspondientes. 

Paralelo a esto se denunció al agente corredor de servicios, Julio Paredes Moscoso, quien ante la presencia de pruebas y testigos aceptó haber incurrido en un acto ilícito y se acogió a la modalidad de colaboración eficaz para aminorar su culpa. 

Lo primero que declaró Paredes ante las autoridades fue que el trabajador de la municipalidad provincial Nelson Guzmán Vargas, era quien había fraguado los documentos que le fueron entregados al comprador del inmueble. 

Producto de las indagaciones realizadas, la procuraduría Pública de la Municipalidad Provincial de Tacna, interpuso la denuncia en contra de Guzmán, la misma que aún no culmina y está en la fase de recepción de manifestaciones de parte de todos los implicados. 

NO SERÍA LA PRIMERA VEZ

En el año 2009, mediante la resolución de alcaldía 2584 09–MPT se resuelve suspender por un plazo de 30 días a Guzmán Vargas, pues un examen especial realizado por la Oficina de Control Institucional determinó que se había perjudicado a la comuna local con la suma de S/. 222,961 durante los años 2006 y 2007 por la anulación de recibos por cobro de impuesto de alcabala y la sustracción de montos pagados por dicho concepto. 

En este caso, se determina que Nelson Guzmán tuvo responsabilidad administrativa funcional, por no haber emitido la relación diaria de las declaraciones trabajadas para anexarlas al legajo de cada contribuyente, lo que ayudo a que se cometa el acto delictivo. 

Se desconoce hasta el momento si existen más víctimas de las estafas o si hay más funcionarios involucrados en esta modalidad irregular mediante la cual se desviaban los dineros de la comuna para cuentas personales. Tampoco se conoce a ciencia cierta cuál es el monto total por el que se habría visto afectado la comuna en los últimos años. 

DATO

S/. 10,600 entregó el comprador del inmueble para que se pague el impuesto de alcabala a la municipalidad provincial. 

MINSUR contrató a empresa que desconoce obras de tendido eléctrico

Trabajadores se encadenan ante contratista en el frontis de la empresa CAM PERÚ y protestaron enérgicamente, exigiendo el pago de las deudas pendientes.

Por Rogger Avendaño Cárdenas

Cansados de reclamar desde febrero a CAM PERÚ (contratista de la minera de MINSUR) el pago de una deuda de 350 mil nuevos soles, una decena de trabajadores y su abogado se encadenaron en la puerta principal de dicha empresa, con carteles exigiendo sus pagos y arengándose para luchar hasta el final. 

El gerente de CAM PERÚ, ingeniero Javier Lagos, acompañado de otras personas, no pudieron ingresar a su local. Los protestantes le exigían solucionar el problema. Los policías poco pudieron hacer ante la firmeza de los empresarios tacneños que se sienten estafados, ya que según el abogado que los defiende, MINSUR y CAM PERÚ no tendrían la voluntad de solucionar el problema.

EL PROBLEMA

El abogado defensor de los trabajadores, Julio Loza Mosquera, detalló a VISTAPREVIA el inicio del problema y el porqué de la desazón de sus patrocinados.

“La empresa minera MINSUR contrató a la empresa CAM PERÚ para que realice el tendido de las redes eléctricas desde Alto de la Alianza hasta Palca. Entonces, CAM PERÚ, que no tiene experiencia en ese rubro, subcontrata a COCESA, esta empresa contrata a su vez a personal técnico y trabajadores. El problema es que COCESA es totalmente insolvente. Creo que tenía un capital de 150 mil nuevos soles y empieza a hacer una obra de gran envergadura, como es el tendido de redes de Alto de la Alianza a Palca, presupuestado para 2 millones de dólares, aproximadamente. Con 150 mil soles no hacía nada. Consecuentemente se presta dinero de uno y otro señor, para la obra”, dijo.

“Entonces ahí empieza el problema, porque había que poner torres en las zonas elevadas, momento en que COCESA se endeudó con trabajadores, proveedores, prestamistas, etc., pero CAM PERÚ no pagaba las valorizaciones dadas, por ello hubo retraso. Es ahí cuando intempestivamente CAM le corta su contrato de trabajo a COCESA, justo cuando COCESA iba a ganar el dinero para pagarle a la gente. Pero CAM PERÚ, al cortarle el contrato, hizo quebrar a COCESA, justo cuando llegaban los trabajos fáciles como el tendido de redes”, expresó el letrado.

Según Julio Loza, desde febrero enviaron cartas notariales para dar solución al problema, ya que a los trabajadores se les adeudaría un capital neto de 350 mil nuevos soles, desde esa fecha. 

Los tacneños que se sienten estafados habrían aportado a la obra desde agosto a diciembre del año pasado. Serían entre 50 a 70 las personas dañadas por ese dinero que algunas manos oscuras quisieran desaparecer.

POSTURA EXTRAÑA

Mientras las personas continuaban arengándose con “Si no hay solución la lucha continúa” y “MINSUR, pronta solución a nuestros problemas”, el jurisconsulto Loza manifestó que el gerente de COCESA, Dimas Espejo, habría tenido la intención de terminar el problema y pagar a las personas.

“COCESA quebró económicamente y a mí me consta, porque Dimas Espejo inclusive no tenía para comer en ese momento. Espejo envía los documentos a CAM diciéndoles que paguen a los trabajadores, pero lamentablemente no se pagó”, enfatizó Loza.

MINSUR DEBERÍA ARBITRAR EL PROBLEMA

A criterio del abogado Loza, el problema principalmente se originó desde la empresa COCESA, luego CAM y MINSUR. 

“MINSUR tiene que ser un árbitro. Mis clientes han dado dinero para esa obra, por eso le pido públicamente a MINSUR que interfiera aquí de buenos oficios y solucione el problema. Por ejemplo, yo tengo el reporte diario de las camionetas que subían a Palca, con el dinero de mis clientes que aportaban en esos gastos, también.”

 “A CAM y a MINSUR les digo que no vamos a rendirnos y que vamos a hacernos respetar, nadie se va a burlar de los proveedores de Tacna”, recalcó el letrado Loza.

VERSIÓN DE CAM

Ese mismo miércoles, en horas de la tarde y de la noche, VISTAPREVIA trató de contactarse telefónicamente con los miembros de la empresa CAM para conocer su versión de los hechos y publicarla en la presente nota. Aunque en un primer momento se mostraron llanos a dar su versión oficial, ella no llegó. Lo único que se dijo es que tienen la buena voluntad de arreglar el problema. Si el problema viene notarialmente  desde febrero, entonces puede dudarse de que en verdad exista una buena voluntad o que tal vez se trate de un burdo juego de palabras. 

Al cierre de la nota CAM no dio una versión  oficial de los hechos y el abogado Loza afirmó que de persistir el problema, radicalizarían sus medidas de fuerza y muy posiblemente llegarían hasta Lima. 

Semanario Vistaprevia Tacna Nº 15

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Un decreto supremo a favor de los invasores

FISCALÍA DE PREVENCIÓN DEL DELITO REMITE OFICIOS A TODAS LAS ENTIDADES PÚBLICAS A FIN DE QUE SE TOMEN ACCIONES RESPECTO AL DECRETO SUPREMO 013-2012 DE VIVIENDA QUE PERMITE LA VENTA DIRECTA DE TERRENOS CON ACTIVIDAD POSESORIA AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2010

Por Sandy Poma Chata

No todas las leyes se hacen para el bienestar de los ciudadanos, hay otras que transgreden la misma normatividad, como la Constitución Política del Perú. Eso es lo que estaría pasando con el Decreto Supremo N° 013-2012 emitido por el Ministerio de Vivienda, cuyos más de 10 artículos fueron modificados, uno de ellos en desmedro de la tranquilidad social.

Nos referimos al artículo 77, a través del cual ahora en adelante permitirá la compraventa directa de bienes de dominio privado a favor de particulares que demuestren una actividad posesoria de un área por un tiempo mayor a los cinco años cumplidos al 25 de noviembre de 2010. Hasta hace poco la limitación se daba hasta el 12 de abril de 2006; por lo que a partir de esta fecha ningún invasor podía intentar registrar un bien como suyo, pero ahora hay más oportunidades para hacerlo.

FISCALÍA EMITE PRONUNCIAMIENTO

El cambio del artículo en mención ha sido motivo para que la Fiscalía de Prevención del Delito emita un pronunciamiento y análisis a través de sendos oficios que fueron remitidos a inicios de julio a todas las instituciones públicas, entre ellas el Gobierno Regional de Tacna y el Colegio de Ingenieros, a fin de que se tomen acciones al respecto. 

En el documento, el fiscal titular de Prevención del Delito, Rodolfo de Amat Loza, manifiesta una profunda preocupación por la modificación del artículo 77 que –según se lee en el oficio dirigido a las autoridades tacneñas– no haría más que permitir la compraventa de predios del Estado a favor de invasores de terrenos, contraviniendo así la labor preventiva que realiza el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú en contra de los traficantes de lotes.

“La invasión de terrenos eriazos no se encuentra tipificada como delito, no por ello, esta conducta deja de ser ilícita, lo es, porque sin respetar los mecanismos legales unos cuantos pretenden apropiarse de predios del Estado valiéndose de mafias y mecanismos ilícitos, así, usando la fachada de asociaciones de vivienda ocupan unilateralmente diversos predios estatales dirigidos por sus presidentes, quienes efectúan cobros de dinero a cambio de otorgar a futuro el dominio de lo que no les pertenece”, sostiene De Amat en el oficio mediante el cual busca hacer reaccionar a las autoridades competentes.

DIVERSAS DENUNCIAS

El magistrado no deja de tener razón en lo argumentado. El Ministerio Público tiene en su haber diversas denuncias por tráfico de terrenos y apropiación ilícita que aún no han sido resueltas. La invasión y el negocio de los terrenos sigue siendo un problema latente en Tacna. A inicios de este año, por ejemplo, aparecieron unos recibos que revelaban cómo algunos seudodirigentes cobraban entre 800 a mil 600 nuevos soles por concepto de "ingreso a asociación" en terrenos aledaños al aeropuerto Carlos Ciriani. No solo eso, estas personas tenían el descaro de cobrar hasta por instalación ilegal y consumo de los servicios de agua y luz. La Fiscalía no ha descartado que detrás del tráfico de terrenos se encuentren autoridades que hoy ostentan el cargo gracias a votos obtenidos por los invasores.

Detrás de las invasiones no siempre hay personas humildes que necesitan de una vivienda. Y ello queda comprobado tras los operativos que ha realizado Prevención del Delito en terrenos posesionados ilegalmente donde en muchas ocasiones solo se han encontrado esteras y palos, más no a personas habitando. “De la experiencia fiscal preventiva se puede establecer que las invasiones, en su mayor parte, son ocupaciones ficticias, promovidas por los dirigentes de asociaciones de vivienda que a la larga ejercen el dominio de los predios invadidos a su libre albedrío, y sin ningún tipo de control y que conllevan al tráfico de los predios públicos con el consiguiente enriquecimiento indebido de los involucrados (presidentes de asociaciones de vivienda, dirigentes, autoridades públicas corruptas, etcétera)”, dice De Amat.

Esta situación ha generado, a entender del fiscal De Amat, un crecimiento caótico urbano en la ciudad. De Amat precisa finalmente que el artículo 77 estaría transgrediendo los artículos 2, 70 y 103 de la Constitución Política del Perú, puesto que sus efectos beneficiarían a quienes de forma ilegítima se posesionan de predios públicos, discriminándose al resto de ciudadanos; además porque se estaría quebrantado  el derecho a la propiedad en armonía.

Tacna con más marcas registradas

EL JEFE DEL INDECOPI, MARCO LIPA PORTUGAL, EXPRESÓ SU BIENESTAR AL INFORMAR QUE LAS MARCAS REGISTRADAS EN TACNA SE INCREMENTARON EN UN 50%. ELLO REFLEJARÍA QUE EL MOVIMIENTO ECONÓMICO-PRODUCTIVO EN TACNA VA A PASO FIRME Y QUE EL EMPRESARIADO LOCAL TOMA CONSCIENCIA DE LA IMPORTANCIA DE REGISTRAR LEGALMENTE SUS MARCAS.

Por Rogger Avendaño Cárdenas

Desde agosto del año pasado, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) realizó una perseverante campaña para incentivar el registro de las marcas de los productos por parte de los productores. 

“Desde agosto del año 2011 realizamos una campaña para incentivar al registro de marcas en Tacna, para que puedan proteger sus productos o servicios. Y, según las cifras, si comparamos el primer semestre del año pasado con el de este año, 2012, tenemos que hay un 50% más de marcas registradas en la región. En números, son más de 100 empresas que registraron su marca en este primer semestre”, destacó Marco Lipa Portugal, que aplaudió la decisión de los empresarios por tomar conciencia de registrar sus marcas para comercializar sus productos, a fin de ser reconocidos rápidamente por sus compradores.

El registrar una marca es darle una identidad propia al producto/servicio, acariciar la posibilidad de posicionarlo y estar amparado por las leyes del INDECOPI, en caso de aparecer productos falsificados que tomen irregularmente el nombre de la marca registrada. 

“Lograrían un mayor incremento de productividad, gracias a la marca registrada, así se gana mayor presencia y diferenciación en el mercado de hoy en día que es tan competitivo. Tacna continúa creciendo económicamente” agregó el funcionario.

Este alto crecimiento se debe fundamentalmente a la categoría de productos, en la que destacan los juguetes y las prendas de vestir, cuya circulación es a nivel local e incluso son exportados. 

Registrar una marca cuesta aproximadamente 583 nuevos soles, costo único asumido por el lapso de 10 años, en los que el empresario no volverá a efectuar algún pago adicional. Pasado este tiempo, puede realizarse la renovación de la marca de acuerdo al precio actualizado. El tiempo que duraría el proceso referido es de 4 meses. 

FALLA EN EL BCP 

El 3 de agosto, se reportó una falla en el sistema del Banco de Crédito del Perú por el que se descontó dinero indebidamente a algunos clientes. En consecuencia, el INDECOPI, desde Lima, creó un padrón para que los clientes afectados presenten sus reclamos y así el banco devuelva la totalidad del dinero injustamente movido, incluyendo la tasa del I.T.F. (Impuesto a las Transacciones Financieras).

“Por eso, el INDECOPI, a través de sus 27 oficinas a nivel nacional dispuso el padrón para que los consumidores que se sientan afectadas por este supuesto  error informático del BCP puedan reclamar”, expresó Marco Lipa.

En caso de considerarse alguien afectado por el error sistemático del BCP, puede escribir al e mail sacreclamo@indecopi.gob.pe o llamar al 244-7777, para sentar su reclamo si se presentase el problema o persistir el mismo. Igualmente, puede acudir a las instalaciones del INDECOPI en Tacna para informarse ampliamente. 

CUIDADO CON LO QUE COMPRA

A vísperas de Fiestas de Tacna, se lucirán a la venta productos de diversa índole en los lugares de concentración pública, sean prendas de vestir, comida, licorería, además de otros. En tanto, el abogado Marco Lipa instó a las personas a tomar medidas de precaución cuando realicen compras.

Expresó: “Recomiendo adquirir productos en establecimientos formales, ya que así podrían tener productos de mejor calidad o, en caso de tener problemas con productos falsos o vencidos, o reclamos de otra naturaleza, podrían acudir a INDECOPI, con el comprobante de pago, sea boleta o factura. Así se puede identificar al proveedor y actuar al respecto”. 

Ante cualquier consulta, en Tacna pueden acudir hasta la oficina de INDECOPI, en la avenida Bolognesi 91-93, de lunes a viernes, de  08:30 a 16:30 horas. O llamar al teléfono (052) 427938.